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Economía

DICTADURA DE MADURO  OTORGA PATENTE PARA SAQUEO EXTRACTIVISTA A GOBERNADORES CHAVOMADURISTAS

Eligio Dacosta, vocero de la Organización de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), la mayor organización indígena regional, rechazó que el Gobierno quiera aplicar el "plan minero tricolor" asignándole una mina a cada gobernación afecta al régimen y menos si a las organizaciones, pueblos y comunidades indígenas de la entidad no se les ha hecho la consulta previa e informada sobre este tema.

El vocero indígena insistió en que es falso que los pueblos indígenas hayan sido consultados para este y ningún otro proyecto minero.

Dacosta considera que toda actividad extractivista que promueva cualquier gobierno es una amenaza para los territorios de pueblos y comunidades indígenas.

El coordinador de ORPIA ignora los detalles del "plan minero tricolor" anunciado por el presidente Nicolás Maduro y teme que no sea más que una acción del gobierno para disfrazar la autorización de la minería ilegal rebautizándola copmo "minería artesanal".

El indígena del pueblo baniva se manifestó defensor de la Amazonía y señaló que los pueblos indígenas no pueden ser desplazados, ni amenazados en sus territorios. Agregó que lo que necesitan de parte del gobierno es ayuda para proteger sus tierras, no para destruirlas.

Como alternativa a la minería, Eligio Dacosta propuso volver al conuco, a sembrar y a retornar a las formas ancestrales de sustento de los pueblos y comunidades indígenas.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este martes 15 de octubre la asignación de una mina de oro “productiva” a cada una de las gobernaciones “bolivarianas” [es decir, solo a las que están alineadas con la dictadura] de Venezuela.

Desde hace 10 años Amazonas vive un proceso descontrolado de minería ilegal, cuyo escenario principal es la zona del parque nacional Yapacana, donde confluyen muchos elementos nocivos para la naturaleza y para los pueblos indígenas que habitan en esa región. También se ha visto afectadas áreas del municipio Alto Orinoco, perturbando comunidades del pueblo yanomami.

ToDo esto ocurre en pleno conocimiento y poco disimulada complicidad de las autoridades civiles y militares del país, las cuales omiten ejercer su responsabilidad en el problema, todo ello pese a que existe el Decreto N° 269 publicado el 19 de junio de 1989 que prohíbe la explotación minera en el estado Amazonas.

 

23 de Oct, 2019
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