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Opinión

CUBA CON TODO EN CONTRA

 El presidente de EE UU, Donald Trump, y sus halcones ya se han manifestado. Quieren una isla rendida o, si no, sitiada. ¿Qué hacer con todo en contra? El gobierno cubano tiene ahora la última palabra. Cuba necesita crecer económicamente, esta es la cuestión capital.

 

A Cuba se le está poniendo todo en contra. Una vez más, la anacrónica hostilidad estadounidense ha mostrado sus dientes y ha lanzado un par de dentelladas. Trump, además de limitar el turismo y el envío de remesas, ha aprobado la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton, una legislación con efectos extraterritoriales que afecta los intereses de las empresas europeas, canadienses y latinoamericanas en la isla. ¿Habrá que recordar que la Asamblea General de Naciones Unidas condenó el embargo, una vez más, el pasado año, con 189 votos a favor de la resolución y sólo dos en contra, el de EE UU y el de Israel?

También ha caído la colaboración de Venezuela con La Habana, que ya está en la mitad de lo que era hasta hace muy poco. Si se produce un colapso en ese país o un cambio brusco de gobierno, la factura petrolera le costará a Cuba dos mil millones de dólares adicionales. Y más motivos de alarma: a pesar de la exitosa reestructuración de la deuda externa llevada a cabo en años recientes, Cuba está incurriendo en atrasos en los pagos del servicio de la deuda y en impagos a determinados proveedores, lo que le dificultará el suministro de algunos insumos para la producción y podría provocar aún más escaseces en el futuro cercano. 

La situación actual es esta: la economía cubana está prácticamente estancada, con tasas de crecimiento en torno al 1% anual y con una inversión -Formación Bruta de Capital Fijo- del 9,8% del PIB en 2017, la menor de América Latina -donde, como promedio, es del 18%-. Cuba necesita crecer económicamente, esta es la cuestión capital, la más imperiosa, aunque muchas personas fuera de Cuba puedan pensar que el reto más urgente es que se democratice, razonando que así se resolverían todos sus problemas, incluyendo el del embargo. Pero, además de que el cambio de modelo político no está en la agenda cubana -ni sería prudente que lo estuviera en plena crisis-, tampoco cabría esperar un gran apoyo de EE UU. No es aventurado imaginar que un cambio repentino de régimen llevaría a una gran inestabilidad en la isla, para comenzar, por las demandas norteamericanas, que exigirían revertir numerosas decisiones tomadas durante décadas de revolución, como las relacionadas con las antiguas propiedades de empresas estadounidenses y del exilio cubano. EE UU en sus relaciones externas es siempre mal amigo, aunque peor enemigo.

Por otro lado, y lo más importante: urge mejorar el bienestar de la población, la alimentación, el transporte, la vivienda… Para quienes no acceden a moneda convertible, la existencia se acerca a la mera supervivencia. Esta es la principal razón para aumentar el crecimiento y es también la línea roja que marcará la continuidad de la nueva dirigencia: o consigue elevar el nivel de vida de la población y se gana la legitimidad, o nada justifica el mantenimiento de un régimen que habrá fracasado en el propósito de lograr una mejor vida para los cubanos, a fin de cuentas el objetivo último de toda revolución. En ese caso, ¿cómo no pedir elecciones?

Con casi todo en contra, y sin que quepa esperar grandes apoyos desde fuera, ¿podría Cuba crecer a tasas del 5 o 6% anual para dejar atrás gradualmente buena parte de los problemas mencionados? La respuesta depende por completo de la capacidad y empeño de la dirigencia cubana en la renovación del modelo, una renovación tan necesitada como la rehabilitación de los emblemáticos edificios del Malecón habanero.

No se trata de cambios “a ciegas”. Desde que Raúl Castro sustituyó a Fidel en la Presidencia de Cuba se han llevado a cabo importantes reformas liberalizadoras -como se comenta en un artículo reciente- y se ha debatido mucho sobre la necesidad de completarlas. Fruto de esa reflexión sobre el “perfeccionamiento del modelo”, como se ha preferido denominar al proceso reformista en la isla, el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó en 2016 los documentos “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021” y “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”. También se ratificó, a través de una consulta popular, la nueva Constitución cubana. Ahora se reconoce a la inversión extranjera como un “elemento fundamental” para el desarrollo del país y, por otra parte, se admiten las actividades económicas que pueda desarrollar la actividad privada. Se toman muchas otras decisiones de calado, como la separación entre la labor de los entes rectores de la Administración y la gestión empresarial, o la eliminación de subsidios innecesarios, pero que escapan al propósito de estas líneas.

No son cambios para nada menores. Cuba parece seguir así, adaptándolas a su realidad, las experiencias que han permitido a China multiplicar por 40 su PIB en los últimos 40 años y sacar de la pobreza a 800 millones de personas y, a Vietnam, lograr tasas de crecimiento superiores al 6% en la última década, a pesar de que EE UU dejó su aparato productivo destrozado durante su intervención militar. Son modelos que combinan el mercado y la planificación y donde conviven poderosas empresas públicas en sectores estratégicos junto a empresas mixtas y privadas de propiedad nacional y extranjera.

Ese camino liberalizador, que se apoya en sus propias fuerzas, es el único que puede salvar a Cuba en la actualidad, aunque no está despejado de obstáculos: las medidas que se aprobaron en el VI Congreso del PCC celebrado en 2011 se aplicaron en dosis homeopáticas. Cuando se celebró el VII Congreso, cinco años después, se estimó que sólo se habían implantado en una quinta parte. El poder del sector de la dirigencia cubana contraria a los cambios no es desdeñable y se apoya en la mentalidad conservadora de la burocracia estatal. El riesgo de quedarse a mitad del camino, como el de un nadador que se lanza a cruzar un río y en el medio de la corriente duda si seguir o no, es el de ahogarse por agotamiento.

Ahora bien, ¿qué medidas, que tengan cabida en la nueva Constitución y en los documentos aprobados en el VII Congreso del PCC, y que cuentan con la opinión favorable de numerosos economistas de dentro y fuera de la isla, resultan apremiantes?

Si lo imperioso es el crecimiento económico para contar con recursos que permitan resolver los problemas mencionados –dificultades de la población, factura petrolera, servicio de la deuda…- y otros como la emigración de la mano de obra cualificada o la obsolescencia tecnológica, lo esencial es aumentar la inversión. Toda inversión, la nacional y la extranjera, la pública y la privada, la empresarial y la cooperativa…, y lograr tasas que superen el 25% del PIB, lo que permitiría un crecimiento económico del 5% anual.

Comencemos por la inversión extranjera directa (IED). Cuba es el país que muestra la menor tasa de captación respecto al PIB de toda América Latina. Es cierto que se ha avanzado en sectores como el turismo y la minería: dos tercios de las 70 mil habitaciones hoteleras disponibles en la isla están gestionadas por cadenas internacionales. Además, Cuba cuenta con una nueva Ley de inversiones extranjeras desde 2014 y la nueva Constitución recoge que “el Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera como elemento importante para el desarrollo económico del país”. Y se ha creado una Zona Especial de Desarrollo en Mariel (ZEDM) que, como todo polo de desarrollo, ofrece ventajas de distinto tipo a los inversores. No es casual por todo ello que los “halcones” de la Administración norteamericana hayan disparado las baterías del mencionado Título III de la Ley Helms Burton para disuadir a los inversores foráneos. Ahora bien, si desde 2014 hasta fines de 2018 se aprobaron en Cuba 175 proyectos de inversión por unos 5.500 millones de dólares, los desembolsos realizados, según fuentes solventes, suman sólo 500 millones, lo que lleva a pensar también en trabas relacionadas con la burocracia y los prejuicios en contra de la IED, como han reconocido los propios dirigentes del país. Agilizar la aprobación de los proyectos de inversión, desburocratizar su ejecución, ampliar los sectores donde la IED es bienvenida y liberalizar la contratación de empleados para las compañías extranjeras -actualmente monopolizada por una empresa estatal que se queda con un gran porcentaje del salario pagado por el inversor- son medidas que están en el lado cubano y que pueden atraer más inversión a la isla.

En el “trabajo por cuenta propia” también ha habido avances notables, si bien, no pocas veces, seguidos de retrocesos. Como ya se permite la contratación de empleados, parece más preciso y clarificador hablar de inversión privada en micro, pequeñas y medianas empresas que de trabajo “cuentapropista”. En los documentos aprobados por el PCC en 2016, como el de “Conceptualización”, se reconoce el papel de las formas de propiedad y de gestión “no estatales” en generar empleo -se ha estimado que el sector no estatal aporta el 20% del PIB y el 31% de la ocupación-; impulsar la economía; incrementar los ingresos públicos (vía impuestos y tasas) y contribuir al bienestar de la población. El documento recoge que “las personas naturales cubanas pueden constituir pequeños negocios y empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, que son reconocidas como personas jurídicas”.

Ahora bien, a pesar de tal reconocimiento -esencial- hacia la propiedad privada, persisten dificultades y prohibiciones de todo tipo para que los cubanos inviertan en su país.

El miedo a la concentración de la riqueza y la desigualdad se esgrime como argumento para poner palos en las ruedas de las reformas. Así, el propietario de un hostal con cuatro habitaciones dispuesto a ampliar su negocio con la compra de un piso vecino verá denegada su solicitud, con lo que se pierde la inversión, el empleo y los ingresos impositivos que se generarían. Este tipo de inversiones, ¿amenazan tan gravemente al socialismo? Algunos cubanos, a través de personas interpuestas, comienzan a invertir sus ahorros en plazas como Panamá o Acapulco, un lujo que la economía de la isla no está en condiciones de permitirse.

Cuba necesita impulsar decididamente la actividad privada de micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes a cubanos residentes, quienes generarían riqueza y empleo en condiciones de trabajo dignas y pagarían impuestos. A cambio, precisarían de la seguridad, que debería otorgar el Estado, de que no habrá pasos atrás y, por otra parte, de facilidades para acceder a mercados mayoristas -que hay que crear- y a financiación a costes razonables. Además, existen experiencias muy interesantes en otros países relacionadas con el uso productivo de las remesas de emigrantes -Cuba recibió 3.500 millones de dólares en 2017- y, también, de la creación de incubadoras de empresas tecnológicas de propiedad no estatal ligadas a universidades y centros de investigación. Sería muy conveniente crear alguna institución pública –un Instituto oficial de la MPYME- cuya misión fuese precisamente promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En lo que se refiere a las empresas de propiedad estatal, los mencionados documentos recogen la necesidad de una mayor autonomía de gestión, mayor flexibilidad y una mayor descentralización para que ganen en eficiencia, algo que parece a todas luces necesario.

Por otro lado, la agricultura está estancada, a pesar de que se han mejorado las condiciones de traspaso de tierras ociosas estatales a campesinos y cooperativas. Se ha estimado que cerca de la mitad de las importaciones agrícolas -1.800 millones de dólares en 2017- podrían haberse producido en la isla. El campo también necesita mayores inversiones, nuevas tecnologías, servicios de asistencia técnica y de extensión agraria, además de la revisión de los sistemas de acopio, comercialización, distribución y fijación de precios. Son medidas recogidas en los documentos aprobados por el PCC cuya implantación resulta apremiante.

Las dificultades de Cuba no se agotan con las señaladas. La necesidad de unificar la doble moneda es muy relevante, pues complica la atracción de inversiones y desincentiva el empleo en aquellos sectores que no se remuneran en pesos convertibles. En general, es urgente resolver todo lo relacionado con la mejora de la productividad del trabajo y el aumento de la motivación, para directivos/as y trabajadores/as, comenzando con el aumento de salarios y pensiones -única forma además de reducir la corrupción-. Pero todos estos problemas serán más fáciles de abordar en un contexto de crecimiento económico. La comunidad internacional -sin contar con EE UU- puede jugar un papel activo de apoyo al proceso de cambios de la economía cubana, un asunto que bien merece otro artículo.

La mayoría de los cubanos/as está orgullosa de su país, de una nación soberana en sus decisiones, con notables conquistas sociales y unos sistemas de salud y educación que han sido modélicos, aunque desea también una isla próspera donde la ciudadanía no pase fatigas para llegar a fin de mes. Para ello, el gobierno debe ser capaz de regular con acierto la acción del Estado, gestionar adecuadamente las empresas estratégicas de propiedad pública e impulsar la actividad de micro, pequeñas y medianas empresas privadas, nacionales o extranjeras, para que innoven, creen empleos de calidad y cumplan con la sociedad pagando impuestos. ¿Tiene algo de malo soñar con una isla respetada por sus éxitos económicos, sociales, culturales y deportivos, y que se rige por relaciones amistosas con todos los demás países, incluyendo EE UU cuando deje atrás sus ansias imperialistas? 

El camino es duro, pero los sueños pueden hacerse realidad y las ilusiones no están muertas. Trump y sus halcones ya han dicho lo que quieren para la isla; la dirigencia cubana tiene ahora la última palabra. @mundiario

 

MANUEL DE LA IGLESIA - CARUNCHO, 

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08 de Jun, 2019
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Maracaibo, Venezuela
16 de Septiembre, 2019

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