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Opinión

LA COMPLICIDAD DEL SILENCIO PERMISIVO

Cerrar la brecha de infraestructura se está convirtiendo en un imposible. El propio Gobierno reconoce que la inversión pública está en niveles deplorables pero invoca la gastada excusa de autoridades regionales y municipales recién estrenadas, vale decir, justifican un año perdido por la simple renovación de funcionarios.

Ese es el gran problema de países que carecen de institucionalidad y políticas de largo plazo, cambia la cabeza, renuevan equipos más allá de lo necesario y giran al lado absolutamente inverso de la gestión anterior. Quieren ser originales. Entre la incompetencia y falta de preparación de las personas, su afán de protagonismo y la resistencia a tomar decisiones, a menos que existan incentivos, la administración pública se convierte en la gran pesadilla de todos los peruanos.

En este penoso escenario, no podemos permitir que el Congreso abone a la destrucción del poco valor que le resta a nuestra maltratada economía. La Comisión de Energía y Minas del Congreso se ha atrevido a recomendar la derogación de la ley que permite la devolución anticipada del IGV para la minería e hidrocarburos. Tienen mi más absoluto desprecio por legislar en ignorancia.

Las declaraciones del presidente de la Comisión son de antología. Reconocen que la norma tiene un impacto positivo, pero sostienen que los impuestos devueltos por S/ 403 millones entre el 2005 y el 2017, aproximadamente S/ 34M por año, han empobrecido al Estado. ¿Y Odebrecht qué? Estamos hablando de un monto diminuto frente al inmenso beneficio generado por los US$ 6,065 millones invertidos durante el mismo periodo. El abanderado del exabrupto es Manuel Dammert de Nuevo Perú; no estoy segura de que se pueda impedir que un reconocido antiminero integre la Comisión, pero cada uno de sus pronunciamientos debería activar las alarmas.

El silencio de la  Sociedad de Minería es preocupante y el MEF carece de contundencia. No hay firmeza ni manejo adecuado de los abundantes argumentos en contra de la propuesta. Del MEM, Proinversión y de todos aquellos que tienen la responsabilidad de promover nuevos proyectos no se puede esperar nada, están tomándose su quinquenio sabático.

¿Es indispensable tener coherencia entre la infracción y la sanción restaurativa? ¿Una multa desproporcionada solo refleja a un Estado represivo, vengativo y confiscatorio? ¿Eso queremos? Está dando vueltas un proyecto de ley para elevar el aporte por regulación en un 50 % y multar a las empresas de telecomunicaciones en función a su rentabilidad y no a la gravedad de la infracción. Vale decir, cuanto más exitoso, mayor el castigo. Absurdo y discriminatorio. ¿Qué se pretende? ¿Generarle más rentas a Osiptel para que rebase en dinero y pueda realizar transferencias presupuestales a favor de otras entidades públicas? ¿Recaudación indirecta exprimiendo siempre a los mismos?

Parece que lo hicieran al propósito, pero no, es simple y pura incapacidad. ¡Voto voluntario e informado, ya!

MADELEINE OSTERLING @MadeleineOster3

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11 de Jul, 2019
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Maracaibo, Venezuela
16 de Julio, 2019

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